Se establece por ley el 7% en la reserva estatal de empleo para personas con discapacidad
Aunque desde 2009 el Gobierno está garantizando un 7% en la reserva de empleo de la Administración General del Estado para personas con discapacidad, no fue hasta ayer cuando se anunció que se establecería por ley el incremento del 5% al 7% en dicha reserva.
Esta reforma normativa se establecerá modificando el artículo 59 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establecía hasta el momento que “en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”.
La modificación de esta ley se reflejará en un nuevo texto legal, que contendrá además reformas de otras normas ordinarias, y que comenzará a tramitarse en este semestre.
En definitiva, se acometerán todas las reformas normativas necesarias para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El CERMI da el visto bueno a la Ley de Contratación Pública de Navarra
El CERMI solicita a todas las Comunidades de nuestro país a adoptar una Ley de Contratación Pública semejante a la que ha puesto en marcha Navarra, que obliga a reservar el 6% de los contratos públicos a empresas sociales.
Esta ley, sobrepasa los mínimos obligatorios de reserva de adjudicación a Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Laboral que dicta la legislación estatal, para establecer una reserva del 6% a favor de empresas dirigidas a grupos en riesgo de exclusión.
Legislaciones como ésta, que van más allá de cubrir los mínimos exigidos, ayudan a que la sociedad avance hacia la integración plena de las personas con discapacidad, para lo que trabajan Fundación Alares y Fundación para la Diversidad a través del Centro Especial de Empleo, Alares Social. Pero también, esta ley, respalda las propuestas formuladas por el CERMI en el “Manual de Contratación Pública Socialmente Responsable”, que expone cuáles son las medidas más apropiadas para lograr los objetivos que persiguen las cláusulas sociales de contratación pública.
Desde el CERMI, destacan el carácter positivo de propuestas como ésta, ya que en un momento de crisis económica donde los grupos sociales más vulnerables sufren sus consecuencias de forma más acusada, esta normativa contribuye al mantenimiento del empleo y de las empresas que apuestan por las personas con discapacidad.
Día Internacional para Acabar con la Utilización de Niños Soldado
Hoy, 12 de Febrero, se conmemora el Día Internacional para Acabar con la Utilización de Niños Soldado, ya que fue en este mismo día en el año 2002, cuando entró en vigor el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Los estados participantes se comprometieron a través de este protocolo a la protección de los derechos del niño.
Este documento, aprobado y aceptado por algunos de los países componentes de la ONU, afirma que para proteger los derechos de los menores es necesario que éstos se desarrollen y eduquen en entornos de paz.
A menudo, en situaciones de conflicto, los niños suelen ser un blanco fácil, de ahí que numerosos ataques se produzcan en lugares frecuentados por niños, como pueden ser las escuelas u hospitales. Pero además, preocupa el reclutamiento, adiestramiento y utilización de los niños para participar dentro de las fuerzas armadas de los estados en guerras que traspasan en ciertos casos las fronteras nacionales. Este tratado condena actuaciones así, al mismo tiempo que responsabiliza y culpa de estas situaciones a quienes llevan a cabo este reclutamiento.
Mediante este documento, conformado por trece artículos, se llama a fortalecer la cooperación internacional para que se criminalice esta violación de los derechos del niño, se fomente la concienciación social y se consiga la reintegración de los niños víctimas de conflictos armados.
7 de cada 10 empresas con más de 50 trabajadores no cumple la LISMI
La Ley de Integración Social de Minusválidos obliga a todas aquellas empresas con más de 50 empleados a que el 2 por ciento de su plantilla esté formada por personas con discapacidad, con el objetivo de promover su inserción en el mundo laboral. Sin embargo, existen excepciones, ya que a algunas empresas por el trabajo que desempeñan le es imposible incluir a estas personas en la plantilla. Para estos casos hay medidas alternativas, como contratar los servicios de un Centro Especial de Empleo o realizar una donación a una entidad encargada de formar profesionalmente a personas con discapacidad.
Por el contrario, 7 de cada 10 empresas no cumplen con la LISMI, en algunos casos por desconocimiento de la propia ley. El 2,6 por ciento de los demandantes de empleo, son personas con discapacidad que necesitan y buscan una plena autonomía a través de una ocupación profesional.
Trabajar por la inclusión, tanto con la contratación de estas personas como con la ayuda a otras entidades en su formación, no significa gasto sino que supone una mejora de los principios sociales y de sostenibilidad, que se traducen en valor y oportunidades para la propia empresa.
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